En cumplimiento de lo previsto por la Ley 27.444, denominada Ley de ‘Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación’, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fija en $50 millones el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente (de acuerdo con lo previsto por la Ley 19.550 – Ley General de Sociedades).